El reciente pronunciamiento del Poder Judicial, que admite a trámite una demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), marca un hito importante en la defensa de las libertades fundamentales en nuestro país. Pese a que no se trata de una sentencia definitiva, sí envía una clara señal: en democracia, ninguna autoridad puede exceder sus competencias restringiendo derechos constitucionales. Como ya hemos advertido anteriormente, este problema surge a partir de una disposición del reglamento electoral que prohíbe la utilización o invocación de temas religiosos en la propaganda política. Frente a ello, la Corte Superior de Justicia de Lima ha decidido abrir un proceso constitucional para evaluar si esta medida vulnera principios esenciales como la libertad de expresión y la libertad religiosa. Este asunto es crucial, porque la libertad religiosa no se limita al ámbito privado o al fuero íntimo de las personas. Es un derecho fundamental que también se manifiesta en la vida pública, en las convicciones, en los valores y en la forma en que los ciudadanos participan en el debate democrático. Pretender excluir la fe del espacio público es desconocer la identidad de millones de peruanos. Una democracia sólida no se construye censurando ideas, sino garantizando que todas puedan ser expresadas dentro del marco del respeto y la ley. El JNE, en su rol de garante de los procesos electorales, tiene la responsabilidad de asegurar la transparencia y equidad en las campañas; pero esa función no le otorga carta blanca para restringir derechos fundamentales. La regulación no puede equipararse a censura. Hoy más que nunca debemos reafirmar un principio básico: la libertad no se negocia. Y, dentro de ella, la libertad de creer, de expresar nuestras convicciones religiosas y de participar en la vida pública sin temor a sanciones arbitrarias. El Poder Judicial no ha declarado aún la inconstitucionalidad de la norma, pero ha reconocido que existe una controversia constitucional que merece ser evaluada. Ese solo hecho ya constituye un paso relevante en la defensa de nuestras libertades. La fe no es un obstáculo para la democracia; por el contrario, forma parte de la conciencia moral de una nación. Defenderla es defender la dignidad de la persona humana. Porque en el Perú, ¡la fe no se censura!

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