Perú se prepara para las elecciones generales de 2026 como si la contienda se resolviera en mítines, debates televisados y encuestas. Esa imagen tranquila, se parece a la democracia que conocemos. Pero es, cada vez más, una postal incompleta. La campaña real ya ocurre en un territorio sin rostro, sin control y con castigo mínimo: el ecosistema digital donde no se discute, se programa. Y cuando la manipulación informativa se vuelve sistemática, ya no estamos ante “ruido de redes”, sino ante adulteración de la voluntad popular, y no tenemos aún forma de regular ese escenario. América Latina ya ofrece evidencia de cómo opera esta amenaza: narrativas de fraude, suplantación de fuentes, manipulación de encuestas, declaraciones falsas atribuidas a autoridades, y campañas coordinadas que buscan erosionar la legitimidad antes de que existan resultados. En ese contexto, la desinformación se convierte en una herramienta electoral de bajo costo y alto impacto: basta con sembrar dudas para deteriorar la confianza en las instituciones y deformar el debate público. El objetivo no es convencer con ideas, sino contaminar el clima emocional con indignación, miedo y odio. El bot político no es una cuenta falsa aislada. Es una pieza de una industria. Su fuerza no está en la mentira individual, sino en la coordinación: cientos o miles de perfiles que actúan como enjambre para fabricar consenso, simular mayorías, “comprar” tendencias y convertir la falsedad en paisaje. Así se alquila popularidad y se instala la percepción de que “todo el mundo lo sabe” o “todo el mundo lo comenta”, aunque sea una coreografía pagada. La libertad de expresión es humana; la manipulación automatizada es un producto. El gran autoengaño peruano es pensar que el fraude empieza en el acta o en el conteo. Existe un fraude previo, más fino y más eficaz: el fraude dirigido en el audio o en la imagen. Si el ciudadano decide dentro de un entorno informativo adulterado, saturado de “hechos” fabricados y ataques coordinados, su voto será libre en el papel, pero condicionado en la práctica. No hace falta tocar una urna si puedes contaminar la fuente con el que se llega a ella. Chile ha funcionado como espejo regional: campañas sucias amplificadas por redes coordinadas, acusaciones absurdas convertidas en tendencia y ataques orientados a destruir reputaciones y fracturar bandos. La lección es dura: la política digital moderna no necesita propuestas; necesita enemigos. No necesita persuadir; necesita incapacitar al rival, erosionar la confianza pública y secuestrar la agenda con basura viral. Perú es terreno fértil para ese guión: instituciones desgastadas, precariedad partidaria, polarización rentable y una ausencia escandalosa de control efectivo. Las reglas, cuando existen, suelen llegar tarde; y el vacío se vuelve invitación. La gran coartada es “son solo redes”. Con esa frase se excusa la irresponsabilidad: nadie investiga quién financia la manipulación, nadie transparenta la propaganda opaca, nadie trata el acoso como violencia política organizada. Si 2026 será una elección competitiva, también será una elección vulnerable. La pregunta no es si lo intentarán, sino por qué no lo harían si sale barato, funciona y casi nunca se sanciona. Por eso, la defensa democrática debe adelantarse: trazabilidad de publicidad política digital, fiscalización real de gastos, coordinación rápida entre JNE, ONPE y Reniec con observatorios independientes, acuerdos exigibles con plataformas para frenar redes coordinadas, y sanciones proporcionales para quienes financian la maquinaria. La democracia peruana no se perderá necesariamente en una mesa: puede perderse antes, en el feed.

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