Esta semana, la Defensoría del Pueblo presentó un informe que debería llamar la atención de las instituciones del país. El documento revela una realidad preocupante: las investigaciones por lavado de activos en el Perú se han convertido en procesos excesivamente largos, con resultados mínimos y consecuencias que afectan a ciudadanos y empresas. Los datos son contundentes. Entre 2019 y 2025, apenas el 3,37% de las investigaciones concluyeron en condena. Es decir, de cada cien expedientes abiertos, menos de cuatro llegan a sentencia efectiva. El resto queda atrapado en procesos que terminan erosionando la confianza en la justicia. Más grave aún son los plazos. Las investigaciones preliminares pueden extenderse hasta 9 años en casos comunes, y hasta 16 años cuando se trata de procesos vinculados a crimen organizado. Este horizonte temporal cuadruplica los estándares internacionales de plazo razonable establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la práctica,........

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