Si la primera gran señal de un nuevo gobierno consiste en aliviar la carga del 1% más concentrado de la economía -con un IVA de pañales para equilibrar la balanza política, negociado con una bancada bisagra dispuesta al trueque-, ¿qué tipo de pacto social se está construyendo, y a costa de quién?

Cuatro puntos. Esa es la magnitud de la rebaja del impuesto de primera categoría que el gobierno presentó como el primer gran eje de su Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Cuatro puntos sobre una tasa que, según el propio Ministerio de Hacienda, abre un boquete fiscal cercano a 1.200 millones de dólares al año. A esa cifra hay que agregar la reintegración del sistema tributario, cuyo costo se estima en 810 millones adicionales. Dos mil millones anuales que el Estado dejará de percibir por las dos piezas centrales del proyecto.

El gobierno justifica la rebaja en clave de competitividad: Chile subió su impuesto corporativo del 15% al 27% mientras la OCDE lo bajaba del 31% al 22%. El argumento omite un dato previo. Chile partía desde un piso recaudatorio extremadamente bajo, y la subida fue un intento -siempre insuficiente- de cerrar la diferencia con un Estado que recauda apenas 21% del PIB, doce puntos por debajo del promedio OCDE. Comparar tasas sin comparar bases fiscales sirve para titulares, no para entender lo que se discute.

El asunto se vuelve más nítido cuando se mira la distribución de los ingresos del capital. Según datos de Hacienda del gobierno anterior, el 98,5% de las rentas del capital pertenece al 1% de contribuyentes de mayores ingresos. Cualquier medida que mejore la posición tributaria de quienes perciben esas rentas tiene, por construcción, un sesgo regresivo. Bajar el impuesto a las utilidades y permitir que sus dueños descuenten el 100% de lo pagado contra sus impuestos personales........

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