El INDH debe conservar todas sus facultades, incluida la de ejercer la acción penal. La respuesta a sus errores debe ser fortalecerlo y garantizar que cumpla su misión con independencia y rigor, no desnaturalizarlo hasta convertirlo en un ente sin capacidad efectiva para defender a las víctimas.

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Valor simbólico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nació para cumplir una misión indispensable, proteger los derechos fundamentales, especialmente frente a los abusos del Estado. Iniciativa que fue impulsada por el presidente Ricardo Lagos, que envió el proyecto el 2005 y cristalizó mediante la Ley N.º 20.405 durante el primer gobierno de Bachelet.

Su creación tuvo, además, un valor simbólico pues a partir de ese momento se asumió formalmente que la protección de los derechos humanos se concebía como una política de Estado, no solo una causa de las víctimas.

Por eso resulta tan lamentable que el INDH, concebido para defender esos principios, haya terminado envuelto en controversias sobre su independencia, su rigor jurídico y su eventual utilización política. Especialmente su comportamiento durante el denominado “estallido social”, que fue una verdadera prueba de estrés en que el instituto no estuvo a la altura.

Facultad de querellarse. El proyecto presentado por el gobierno para reformar su estructura interna, atribuciones y sistema de gobernanza podría ser una oportunidad para corregir las deficiencias observadas en los últimos años, siempre y cuando no tenga una impronta hostil, ideológica ni revanchista.

Plantea la reducción del 50% de su personal y del 70% de sus abogados, lo que permitiría, según el informe financiero, “un ahorro de $3.113 millones de pesos anuales”.

Para lograr estos objetivos se pretende disminuir al máximo su capacidad para intervenir directamente ante la justicia en defensa de los DD.HH., limitando sus facultades a la presentación de recursos de protección y amparo.

Privar al INDH de una herramienta........

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