La junta extraordinaria de accionistas y la comisión investigadora de la Cámara son pasos necesarios, pero no suficientes: la crisis exige modernizar la ley de Codelco y su estructura fiscalizadora.

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En diciembre de 2025, Codelco reportó 172.300 toneladas de cobre fino: la mayor cifra mensual en una década y un salto de 41% respecto de noviembre. Tres meses después, una denuncia anónima al canal ético reveló que la producción del año se había inflado en 26.875 toneladas, mediante la reclasificación contable de producto en proceso como producto terminado. Sobre esas cifras se pagaron bonos por US$ 14,3 millones. Y en octubre surgieron nuevos antecedentes de posibles duplicidades de producción en Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

La reacción institucional ya llegó. En junio, la Cámara de Diputados creó por unanimidad una comisión especial investigadora. El 14 de octubre, a solicitud de los ministros de Hacienda y Minería —delegados del Presidente de la República en su calidad de accionista—, el directorio citó a una junta extraordinaria para el 5 de noviembre, con el fin de analizar las inconsistencias y sus riesgos.

Ambas iniciativas son importantes y merecen respaldo. Pero conviene ser claros sobre sus límites: una comisión investigadora establece responsabilidades políticas y formula recomendaciones, pero no rediseña instituciones; la junta, por su parte, actúa sobre hechos consumados y con las herramientas de una ley que no previno el problema. Ninguna sustituye lo que hoy........

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