La política de gratuidad tiene un precio y, aunque los estudiantes beneficiarios no lo paguen, una parte importante de ese costo termina recayendo sobre las propias instituciones. De no corregirse su diseño, los efectos podrían trascender el ámbito financiero y terminar comprometiendo la calidad y sostenibilidad del sistema de educación superior.

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En 2015, Chile se encontraba inmerso en una de las transformaciones más relevantes de su sistema de educación superior. Tras años de movilizaciones estudiantiles, la gratuidad se había convertido en una de las principales promesas de la reforma educacional, con la expectativa de ampliar las oportunidades de acceso y aliviar la carga económica de miles de familias.

Sin embargo, mientras la discusión pública se concentraba en los beneficios que esta política traería para los estudiantes, comenzaban a surgir, todavía de manera incipiente, algunas inquietudes respecto de sus consecuencias financieras para las instituciones adscritas. Aunque entonces ya se advertían ciertos riesgos, estaba lejos de dimensionarse la magnitud que éstos podrían alcanzar con el paso de los años. Hoy, a una década de su implementación, ¿qué........

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