El fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 6 de octubre marca un hito en el derecho constitucional contemporáneo. Con la anulación de los autos del Tribunal Supremo (TS) que pretendían aislar la malversación del ámbito de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, el alto tribunal desmonta una falaz operación de ingeniería judicial. Esta resolución representa una derrota jurídica en toda regla para el TS, pero también para el PP, VOX y para la estrategia represiva que en su día alimentó o toleró el PSOE bajo la razón de Estado.

Para comprender esta victoria del independentismo catalán, es imprescindible poner en valor la inteligentísima estrategia diseñada por Carles Puigdemont desde el exilio. Mientras determinado aparato judicial estatal daba por amortizada la causa catalana en el terreno doméstico, Puigdemont entendió que la verdadera batalla por la supervivencia política y la homologación de derechos no se libraba en el TS, sino en el espacio judicial europeo. Internacionalizar el conflicto y desplazar el debate a las instancias judiciales de la UE o de sus diferentes Estados miembros (Alemania, Bélgica, Italia…) permitió desnudar las costuras chovinistas de determinados tribunales españoles.

La clave de bóveda se encuentra en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 16 de julio de 2026. Cuando el TS intentó cerrar la puerta a la amnistía inventando una amenaza hipotética a los intereses financieros de la UE (art. 325 de su Tratado de Funcionamiento)........

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