Al comienzo del Gobierno de Pedro Sánchez, el descrédito de la judicatura era un discurso impulsado principalmente por sectores independentistas y nacionalistas, alimentado por las operaciones de la denominada policía patriótica. Con el tiempo, esa desconfianza se extendió a partidos de izquierda y ahora alcanza a socialdemócratas y progresistas. El resultado es un divorcio a cámara lenta entre una parte significativa de la sociedad civil y la cúpula judicial, una ruptura de la confianza que erosiona la percepción de la independencia de la Justicia. Desde la élite —a veces trinchera— judicial apenas se percibe la magnitud del riesgo: el corporativismo actúa como un escudo, los privilegios permanecen intactos y la opinión del ciudadano medio queda relegada a un plano secundario.

Parece un fenómeno intangible, una desafección sin consecuencias reales, incluso inocua. Pero toda institución descansa, además de en sus competencias legales, en la legitimidad social. Cuando se deteriora, el problema pasa de ser reputacional a un desgaste democrático. Cuando además se trata de un poder del Estado, desmoraliza la falta de control y rendición de cuentas sobre esa percepción de........

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