En diferentes ámbitos de la administración estatal en Catalunya se percibe una frecuencia creciente de actitudes que, si no son directamente hostiles, son más propias del trato que solían emplear las metrópolis con las colonias, donde los derechos e intereses de las personas y del territorio son sistemáticamente ignorados, cuando no vulnerados.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado el cumplimiento de la sentencia que anulaba el decreto con el que se pretendió salvaguardar el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Quien inició el proceso contra el modelo de escuela catalana fue un ministro del Partido Popular, José Ignacio Wert, que en un ataque de sinceridad dijo que “nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”. Sería erróneo pensar que lo que pretenden es que los alumnos aprendan bien la lengua castellana. El objetivo no es más castellano, sino menos catalán. Se trata de erradicar la lengua catalana. Erradicar la lengua para negar la nación.

No existen colectivos ni organizaciones de padres catalanes que no quieran que sus hijos aprendan el castellano, pero sí los hay de padres que se niegan a que sus hijos aprendan catalán, con una actitud de clara mentalidad invasora, es decir, colonial. Bien organizados, instruidos y financiados, realizan el trabajo necesario para que, a continuación, los tribunales ejerzan su poder con criterio colonial. La diferencia con tiempos pasados es que el Conde-Duque de Olivares ordenó “conseguir el efecto, sin que se note el cuidado”, y ahora, después del procés, parece que lo que quieren es que se note la fortaleza de su poder, como inherente a un implícito derecho de conquista.

Clama al cielo que el actual Govern de la Generalitat niegue la ofensiva........

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