La crisis de la vivienda no ha comenzado con el caso de Maricarmen. Pero su desahucio ha hecho que resulte imposible seguir mirando hacia otro lado, al conectar una dramática historia individual con un profundo malestar colectivo.

Este malestar llevaba años gestándose. En la última década, los precios de la vivienda han crecido muy por encima de la renta de los hogares. Para algunos grupos sociales –particularmente para los jóvenes y para quienes viven de alquiler– la intensa creación de empleo y las mejoras salariales de los últimos años no se han traducido en una vida más desahogada. En el mejor de los casos han permitido seguir pagando el mismo techo, y en muchos casos ni siquiera eso ha sido posible.

Esta realidad opaca desde hace ya tiempo buena parte de los logros alcanzados por el Gobierno de Coalición, que no son pocos, y desequilibra el balance que la ciudadanía hace de esta experiencia de gobierno. Porque una expansión económica pierde legitimidad cuando una parte de la sociedad no participa de la prosperidad que se genera.

Las causas del problema son ya conocidas. En la última década la vivienda se ha convertido –en España y en toda Europa– en un activo de inversión, y la demanda que busca un lugar para vivir compite intensamente con la de quienes buscan obtener una rentabilidad y ampliar su patrimonio. Además, el ritmo de construcción tras la burbuja inmobiliaria de 2008 ha sido muy lento. Así, la intensa demanda para invertir y la débil respuesta de la oferta han llevado a que los precios se hayan disparado.

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno de Coalición aprobó en 2023 la Ley de Vivienda, que ha mostrado luces y sombras. En aquellas Comunidades Autónomas........

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