La sucesión de escándalos político‑institucionales a los que venimos asistiendo en nuestro país es demoledora. La financiación irregular de partidos, el aprovechamiento individual de los puestos de representación y gobierno o los últimos episodios de agresiones sexuales basadas en una impunidad asociada a la jerarquía institucional se inscriben en un paisaje cada vez más deteriorado. Cada episodio no solo erosiona la imagen de una institución concreta, sino que refuerza un diagnóstico más general: “todos son iguales”, “las reglas solo obligan a los de abajo”, “lo público es el botín de los que mandan”. Esa percepción, que en España tiene un largo recorrido histórico, debilita el vínculo entre ciudadanía y Estado y alimenta la sensación de que la única estrategia racional es “ir a lo mío”, maximizar beneficios privados y minimizar la acción colectiva que no conlleve beneficios personales. Es un círculo vicioso: menos confianza genera menos implicación, y menos implicación deja más espacio a usos privados de lo público que, a su vez, reducen aún más la confianza.

En las últimas décadas hemos aprendido, con Robert Putnam y con buena parte de la literatura posterior, que las democracias no se sostienen solo sobre constituciones, leyes e instituciones, sino sobre una infraestructura de vínculos, asociaciones y confianzas que hacen posible la cooperación cotidiana. Hay un “capital social” hecho de redes compartidas, de espacios en los que dar y recibir, y de esperanzas mutuas que permiten la acción colectiva. Este concepto ayuda a explicar por qué algunas sociedades resisten mejor las crisis, innovan más o preservan mejor sus instituciones. 

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