La democracia española no colapsará porque los españoles conozcamos al detalle lo que pasó la noche del 23F de 1981. Tampoco porque se abra el candado bajo el que han permanecido ocultos los informes de inteligencia de los meses anteriores o se conozca el verdadero papel que jugaron las élites políticas, económicas y militares en la trama. Mucho menos por discutir sobre el anacronismo de una ley franquista promulgada en 1968 y desarrollada con posterioridad por el decreto 242/1969

La decisión, por tanto, del Gobierno de desclasificar los papeles secretos al cumplirse los 45 años del golpe es, sin duda, un acierto porque un país democrático no puede permitirse la protección de sus instituciones mediante el oscurantismo y tampoco que la industria del bulo sirva de caldo de cultivo para la conspiración. Hace falta ahora saber qué parte de ese material se hará público, sobre la base de qué criterio se ha adoptado ahora la decisión o por qué este loable ejercicio de transparencia y memoria con el 23F no afecta a otros episodios oscuros de nuestra democracia, ocurridos incluso antes de 1981.

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