A estas alturas casi nadie duda de que la crisis climática exige transformaciones profundas con inversiones iniciales importantes. Dos artículos recientes en la revista Annual Review of Political Science recuerdan que la transición ecológica es, sobre todo, un problema político: No faltan ideas ni tecnología para llevarla a cabo, sino instituciones capaces de sostener compromisos, repartir costes y beneficios, y resistir la presión de quienes tienen mucho que perder con el cambio.

El primer artículo, de Kathryn Baragwanath y Saad Gulzar, revisa la evidencia comparada sobre la hipótesis que las democracias deberían producir también mejores políticas medioambientales. Aunque existe cierta relación entre democracia y protección ambiental, esta es débil e irregular. Los autores encuentran que más que la democracia en sí, lo que propicia buenas políticas medioambientales es la existencia de algún tipo de control sobre los gobernantes (que también puede darse en sistemas autocráticos), los incentivos de las burocracias para desarrollar estas políticas, el margen de maniobra de las autoridades locales, y hasta qué punto........

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