Colombia atraviesa un momento de creciente tensión institucional. No se trata de una ruptura abierta del orden democrático, pero tampoco de una situación de plena normalidad. Más bien, el país parece transitar por una zona gris en la que las reglas del juego comienzan a tensionarse peligrosamente. En este 2026, primero fue el choque entre el Ejecutivo y el poder judicial por la suspensión de los decretos de emergencia económica y del salario mínimo; luego, la confrontación entre el presidente y el sistema electoral por un supuesto fraude que nunca se materializó y, más recientemente, el desacuerdo del Gobierno con el Banco de la República.

El Gobierno —apoyado por el Pacto Histórico y avalado por Iván Cepeda— ha utilizado estas tensiones y algunas del pasado para justificar la convocatoria de una asamblea constituyente. No hay duda de que se trata de un mecanismo democrático. Sin embargo, la experiencia comparada invita a la cautela: reformas constitucionales impulsadas desde el Gobierno, incluso con legitimidad electoral, han derivado en concentraciones de poder difíciles de revertir, como ocurrió en Venezuela. El problema no es la constituyente en sí, sino el contexto actual en el que se propone: alta polarización ideológica, presencia de grupos armados que ejercen control territorial y una profunda desconfianza entre gobierno y oposición. Un escenario muy distinto al de 1991, cuya constituyente estuvo precedida por amplios consensos políticos.

El optimismo del Pacto Histórico y de Iván Cepeda parece no permitirles advertir que la oposición también transita hacia posiciones cada vez más radicales. Figuras como Abelardo De la Espriella encarnan una reacción que, en nombre del orden y la estabilidad, podría justificar medidas excepcionales. El riesgo, por tanto, no es exclusivo de un solo sector ideológico.

Centro de memoria histórica

En este contexto, el país podría enfrentarse en el próximo cuatrienio a un escenario inquietante: que cualquiera de los extremos en disputa, una vez en el poder, impulse reformas profundas —incluida una eventual constituyente— con efectos potencialmente regresivos sobre la democracia.

Lo anterior no significa que estemos condenados a una deriva autoritaria. Significa reconocer que en el siglo XXI las democracias no colapsan de manera abrupta, sino que se deterioran gradualmente. Primero se produce una fase de erosión democrática, caracterizada por lento y continuo desgaste de las normas, instituciones y prácticas democráticas. Luego se pasa a la fase de desconsolidación, en la que se debilitan los controles institucionales y los consensos básicos sobre las reglas del juego. Finalmente, si no hay correctivos, se produce una regresión democrática que abre paso a regímenes iliberales o autoritarios.

A las puertas de una elección presidencial, Colombia parece encontrarse hoy en esa primera fase. En 2030 sabremos si avanzamos hacia escenarios más críticos o si, por el contrario, prevalece una visión moderada capaz de preservar y fortalecer las instituciones democráticas. La pregunta clave entonces no es quién nos seduce electoralmente, sino qué límites estamos dispuestos a defender como sociedad.

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