En los últimos días hemos visto a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comportarse como una burócrata más que protege a los poderosos, y no como una digna representante de la defensoría del pueblo mexicano.

Una de las últimas y más importantes recomendaciones emitidas por la que debería ser esa defensoría, la 208VG/2026, sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, acredita violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, así como violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de una inadecuada procuración de justicia. Sin embargo, la CNDH protege al Ejército al no atribuirle responsabilidad institucional por la desaparición de los 43 estudiantes, pese a que durante años distintas investigaciones, como las del GIEI y de la Comisión para la Verdad desde Gobernación, documentaron la participación, el conocimiento o la intervención de elementos militares en diversos momentos de los hechos. Minimizar así la responsabilidad del Estado mexicano deja en completa vulneración a las familias de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el caso Ayotzinapa.

Sorprende, desde antes de este caso, “el cambio de estrategia institucional” de la señora Rosario Piedra Ibarra, cuya prioridad ya no parece ser la protección de quienes han sufrido estas violaciones, sino la de las personas que deberían rendir cuentas ante el Senado de la República.

En las comunicaciones que la Presidencia de la CNDH sostuvo con el Senado, y que fueron revisadas para esta columna, se advierte una petición para dejar sin efecto 103 solicitudes de comparecencia dirigidas a autoridades que se negaron a aceptar recomendaciones en las que ya existe un reconocimiento de violaciones a derechos humanos. Hablamos, entonces, de al menos 103 casos graves cuyo proceso de rendición de cuentas, previsto por la Constitución, la propia Presidenta de la CNDH pide que no continúe, porque, a su juicio, resulta burocrático y no ayuda a nadie. El oficio público CNDH/P/0132/2026, que sustenta lo dicho, firmado por la Presidenta el 5 de marzo de 2026, es una prueba más de que quienes sufren estas violaciones han dejado de ser el centro de la actuación del organismo creado constitucionalmente para defenderlos.

Le explico lo delicado: hay un abandono documentado de la visión protectora que nuestra carta magna consagra, en beneficio de quienes no aceptaron sus propias recomendaciones y a costa de la posibilidad de exhibir, sobre todo, a las autoridades que violentan estos derechos; ¿ella prefiere proteger a los violadores de derechos?

No se precisaron los números de esas recomendaciones ni........

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