En mis últimas columnas he venido planteando algunas reflexiones sobre Cartagena, Bolívar y el Caribe frente a las oportunidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

Primero me referí a las leyes especiales expedidas para Cartagena y a la necesidad de desarrollarlas plenamente. Después hablé de las que denominé “competencias dormidas”: atribuciones que existen jurídicamente, pero cuyo ejercicio muchas veces tropieza con permisos, conceptos, autorizaciones y decisiones de distintas entidades. Más recientemente analicé el proyecto de creación de la Región Entidad Territorial —RET Caribe— como una oportunidad para avanzar hacia una descentralización con instrumentos más efectivos.

Ahora aparece otra iniciativa que merece nuestra atención: el Proyecto de Ley de Competitividad, impulsado por el Gobierno Nacional para simplificar, racionalizar, digitalizar e interconectar numerosos trámites del Estado.

Hay que reconocer una realidad: en Colombia la tramitología puede llegar a ser verdaderamente engorrosa. No siempre porque falten normas, sino porque intervienen muchas entidades, se repiten documentos, existen procedimientos sucesivos y los tiempos administrativos terminan afectando al ciudadano, al empresario y a la inversión.

Por eso considero positivo que el Gobierno Nacional haya tomado esta iniciativa y, además, haya........

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