Si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere enviar una señal de cooperación a Estados Unidos en el caso de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza se perfila como el primer sacrificado. No porque la acusación en su contra sea necesariamente más grave que la del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sino porque políticamente cuesta menos y procesalmente vale más.

En los círculos seguridad donde se sigue el caso, la lectura es que EU iría primero por quien pueda validar testimonios y acercar a los fiscales estadounidenses al objetivo de mayor peso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos colocó en el mismo expediente al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador morenista y a otros funcionarios y exfuncionarios del estado acusados de haber formado parte de una red de protección al Cártel de Sinaloa, particularmente a Los Chapitos. La acusación sostiene que hubo reuniones con líderes criminales antes de la elección de 2021, apoyo del grupo para garantizar el triunfo electoral de Morena, intimidación a opositores, robo de urnas, secuestros y posterior control sobre corporaciones de seguridad y áreas clave del gobierno estatal.

El expediente está depositado en la temida Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se han llevado algunos de los casos más emblemáticos de funcionarios y políticos, como el del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna.

Rubén Rocha sigue siendo una figura demasiado costosa para Morena. Aunque ya no esté formalmente en funciones, conserva peso político y valor simbólico dentro del oficialismo. Facilitar o permitir una acción contra un exgobernador emanado del partido gobernante, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, detonaría una crisis política inmediata y obligaría a Sheinbaum a enfrentar una crisis inexorable.

Enrique Inzunza se ha negado a renunciar a su fuero como senador, pese a las solicitudes de Palacio Nacional.........

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