La revelación de Los Angeles Times sobre los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal volvió a encender la mecha dentro Morena. El diario estadounidense reportó que ambos mandatarios son objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que sus visas fueron revocadas. Los dos rechazaron la información. Durazo aseguró que se trata de señalamientos sin sustento y Villarreal negó cualquier procedimiento en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum optó por una respuesta medida y dejó que fueran los propios gobernadores quienes respondieran a las acusaciones.

El asunto, sin embargo, trasciende la discusión sobre una visa. En los últimos meses se ha vuelto evidente que las agencias estadounidenses han intensificado el seguimiento de políticos mexicanos, particularmente de aquellos que gobiernan entidades estratégicas para las rutas del narcotráfico y el tráfico de combustibles. La diferencia respecto a otros episodios es que ahora las investigaciones ya no parecen concentrarse en exfuncionarios o figuras del pasado, sino en gobernadores en funciones que forman parte del círculo político más cercano al proyecto de la Cuarta Transformación.

En el caso de Alfonso Durazo, la publicación del LATimes se suma a una cadena de episodios que han erosionado su posición política. Apenas en febrero, el mandatario sonorense exigió una aclaración pública a Julio Scherer Ibarra por las referencias incluidas en el libro Ni venganza ni perdón, escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez. La obra retoma testimonios sobre presuntos esquemas de financiamiento político vinculados al empresario Sergio Carmona, identificado como una de las figuras centrales de la red de huachicol fiscal que operó en el noreste del país. Durazo sostuvo que Scherer le reconoció una imprecisión en las referencias relacionadas con Sonora y el exconsejero jurídico respondió que no existió una imputación directa contra el gobernador.

Más allá de esa polémica, el nombre de Sergio Carmona sigue siendo uno de los capítulos más explosivos para Morena. Su influencia política y financiera alcanzó campañas electorales en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. Y aunque ninguna autoridad en el país ha acreditado responsabilidades penales contra Durazo o contra otros gobernadores, el escándalo permanece tanto en México como en Estados Unidos. La persistencia de esos expedientes explica por qué cada nueva revelación genera tanto nerviosismo dentro del partido oficial.

Para Durazo, Rocha Moya y otros gobernadores señalados el asunto tiene además una dimensión político-electoral. Durazo también preside el Consejo Nacional de Morena y es uno de los operadores más importantes de la sucesión de gubernaturas que se pondrán en juego en 2027. Cualquier........

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