La reforma y la elección judicial han sido, sin exagerar, de las peores decisiones que le han ocurrido a nuestro Estado de derecho. Sus efectos no solo son inmediatos: nos perseguirán durante años. Uno de los más graves es que el Poder Judicial, en particular el federal, arrastrará un problema estructural de legitimidad. Un daño que no se corrige con discursos progresistas ni con promesas simbólicas: la institución quedó marcada, y esa impronta no desaparece por mera buena voluntad.

Esta semana lo vimos con claridad. Diversos escándalos sacudieron a la Corte y desplazaron del debate público asuntos de enorme relevancia jurídica y social. La discusión sobre la cosa juzgada, el actuar de la ministra Batres, las camionetas adquiridas con placas de Morelos, así como el retrato de la llamada “ministra del pueblo”, ocuparon titulares y conversaciones, mientras quedaron prácticamente invisibilizadas resoluciones fundamentales: el reconocimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a conocer su origen biológico; la protección frente a la revictimización en juicios de violencia familiar y abuso........

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