“El peor enemigo de una mujer es otra mujer” ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Una frase que simplifica, reduce y estigmatiza las relaciones entre mujeres. Un estereotipo.

Sin embargo, hoy ese estereotipo parece estar encontrando nuevas formas de institucionalizarse. Y ojo aquí, por lo peligroso.

Esto se vuelve evidente en un caso reciente: una queja por violencia política en razón de género presentada contra la activista Emma Zermeño, a partir de capturas de pantalla de una conversación privada que sostuvo con otra persona, en la que se incluían comentarios críticos hacia una diputada local del estado de Sinaloa.

En un primer momento, el Tribunal Electoral del estado de Sinaloa estimó que no se actualizaba la hipótesis normativa de violencia política en razón de género. No obstante, la diputada impugnó la decisión y el caso llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se consideró que dichas expresiones sí configuraban violencia simbólica, al cuestionar la legitimidad política de la diputada con base en su orientación sexual.

En esa resolución se incorporó un concepto poco conocido dentro del feminismo jurídico por no decir inexistente: el wollying, entendido como violencia generada entre mujeres. Hasta ahí, el debate no es nuevo: ¿pueden las expresiones privadas constituir violencia política de género? ¿Cuál es el alcance de la protección frente a discursos discriminatorios?

Lo problemático aparece en dos planos.

El primero es probatorio. El proyecto del magistrado Felipe........

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