¿De qué se trata todo esto?

De que en México ya no haya desapariciones, ¿cierto?

Eso es lo que queremos todos, proscribir la desaparición, ¿sí?

No hemos tenido éxito como sociedad ni como Estado para lograrlo en un cuarto de siglo, así que debemos buscar respuestas fuera de lo común, alejadas de la zona de confort en la que yacemos inmovilizados luego de haber sucumbido a la normalización de la violencia que desde hace décadas nos impusieron el sicariato nacional y sus cómplices en la política.

Hoy en México no estamos viviendo estrategias represoras como las que se aplicaron durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando ciertamente se diseñó una política de Estado para perseguir, capturar, encarcelar, desaparecer y asesinar a miembros de grupos opositores o disidentes. En ese entonces hubo órdenes concretas de civiles y militares que formaron parte de al menos tres distintos gobiernos federales (los de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo) para perpetrar esos crímenes, de acuerdo a las pesquisas que se realizaron en el sexenio pasado a través de la llamada “Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990”, además del trabajo llevado a cabo por la “Comisión de la Verdad del estado de Guerrero”, más lo recabado en investigaciones periodísticas publicadas justamente desde los ochentas para acá.

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