La transformación reciente del Poder Judicial de la Federación y de sus homólogos locales plantea un dilema mayor: ante la pérdida de las garantías institucionales de la independencia judicial, la única vía que queda abierta es que las ministraturas construyan o se ganen su legitimidad en el ejercicio mismo de sus cargos. Esto significa que su autoridad no podrá darse por sentada, sino que deberá edificarse a través de sentencias apegadas a la constitución, a los derechos humanos y a la división de poderes. En otras palabras, más que un acto de fe en la conciencia individual de cada juzgador —“apelar a los cielos”, diría John Locke—, se trata de una exigencia ineludible para mitigar el impacto negativo de su cuestionado origen electoral.

Las declaraciones del nuevo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, resultan alarmantes: “se resolverá con derecho, pero con justicia”. Ambos elementos, sin duda, deben ir de la mano. ¿O a........

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