Desde su creación en 1990 en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una misión esencial en la vida democrática del país: actuar como contrapeso del poder público y como garante de la protección de los derechos fundamentales de todas las personas frente a actos de autoridades que —voluntaria o involuntariamente— vulneran esos derechos.

¿Pero quién nos protege cuando incumple esta misión? ¿Qué sucede cuando acudimos a la CNDH en busca de amparo y su actuación termina profundizando nuestra vulnerabilidad?

Hace dos años presenté una queja ante dicha institución y sigo sin recibir una respuesta. Cada vez que he buscado conocer los avances, la situación se repite: el caso pasa de un área a otra, los tiempos de respuesta parecen escapar al control de quienes atienden y la resolución puede tardar varios meses.

En este prolongado e incierto periplo dentro de la institución encargada de velar por mis derechos —y los de todas y todos los mexicanos—, me he enfrentado a un nivel adicional de vulneración........

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