Una reciente demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1340 de 2009 reabre un debate de fondo sobre los poderes de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para proteger la libre competencia económica.

Esta ley faculta a la SIC para investigar y sancionar a cualquier persona, empresa o entidad pública que viole las reglas de la libre competencia, incluyendo a instituciones autónomas del Estado, como la Rama Judicial, la organización electoral y los órganos de control. Se trata de un régimen amplio de protección fundado en los artículos 333 y 334 de la Constitución, que reconocen la libertad de competencia como principio económico fundamental y autorizan al Estado a intervenir para garantizarla.

Sin embargo, los demandantes cuestionan que el artículo 2 de la ley permita que una autoridad administrativa adscrita a la Rama Ejecutiva investigue y sancione a órganos autónomos, lo que —afirman— compromete su independencia y vulnera el principio de separación de........

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