El llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe, el 17 de junio de 2026, a pocos días de las elecciones, sin practicar todas las pruebas ni fijar fecha, no parece acto ordinario. Parece el capítulo más reciente de una persecución impulsada por Montealegre, Cepeda y Petro, y ejecutada por una Fiscalía dócil frente al poder que la ternó.

En el año 2000, la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, que fue totalmente contundente en la lucha contra el paramilitarismo, examinó las pruebas y archivó el caso: señalando que Uribe, como gobernador de Antioquia, no incurrió en una omisión que lo comprometiera frente a las masacres de Ituango. El expediente se resucitó en 2013 por Montealegre, quien ya había mostrado su animadversión y odio público por el expresidente. La reapertura se apoyó en testimonios recogidos por Iván Cepeda en cárceles, donde varios declarantes buscaban beneficios. Esos relatos nada tenían que ver directamente con El Aro ni con La Granja. Años después, Montealegre sería ministro de........

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