En Colombia sabemos cómo funciona el poder armado cuando se mezcla con la política: primero se consolidan los territorios, luego se reduce la presión del Ejército y, finalmente, se ordena por quién votar. Cuando Petro otorga beneficios jurídicos a estructuras criminales en vísperas de elecciones, los convierte en ejércitos paramilitares que saben que para delinquir con impunidad se necesita que siga el gobierno de turno. El pacto de La Picota es la muestra de cómo se consolidaron zonas francas del narcotráfico a cambio de votos para el Pacto Histórico.

La ‘parapolítica’ demostró que no se necesitaban fraudes masivos para capturar la democracia: bastaba el control armado sobre regiones enteras para condicionar los resultados. Comunidades completas votaban bajo la certeza de que existía un poder superior al del Estado observando. Esa memoria no es retórica, es historia judicial.

Por eso preocupa que el 1.º de marzo, siete días antes de las elecciones, comiencen a operar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó. Son territorios estratégicos donde podrán concentrarse integrantes del ‘clan del Golfo’, una de las estructuras narcotraficantes más poderosas del país.

En virtud de esos acuerdos se suspenderían órdenes de captura contra 8.945 integrantes de esa organización, así como solicitudes de extradición en su contra. No es un tecnicismo jurídico: es una reducción sustancial de la presión estatal sobre una estructura con presencia territorial y capacidad real de coerción.

La situación se agrava cuando el máximo jefe del grupo más grande del narcotráfico mundial deja de ser considerado “objetivo de alto valor” y se le levantan los procesos judiciales. En materia de seguridad, los símbolos importan, es como si al ‘Chapo’ Guzmán le crean un resort para seguir delinquiendo. Eso hicieron con el capo del ‘clan del Golfo’.

El caso del parque Tayrona es ilustrativo. El cierre del parque dejó al descubierto la disputa entre el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Testimonios describen hombres armados regulando accesos y normas, mientras la presencia estatal es inexistente.

Cuando un grupo armado regula la economía local, el transporte y la vida social, controla también por quién se vota. No hace falta una orden explícita para influir políticamente: bastan el miedo y la certeza de quién detenta el poder real, aparecerán votaciones atípicas en regiones dominadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Zonas donde el comandante decide por quién se marca la X; donde el ciudadano que no obedece paga con su vida. Regiones donde los candidatos opositores no pueden entrar.

Todo esto avanza pese a la demanda radicada el 21 de enero de 2026 contra la Resolución del 22 de diciembre de 2025, que creó las ZUT, actualmente en estudio del Consejo de Estado, en la que se solicitó la suspensión provisional del acto para proteger a la población civil.

El Consejo de Estado debe decidir con urgencia. Antes de que las zonas entren en operación. Antes de que el calendario electoral avance. Antes de que el riesgo institucional se convierta en un hecho consumado. En sus manos está impedir que amplias regiones del país queden bajo un esquema que reduce la presión estatal en plena recta electoral.

No es un debate ideológico. Es una advertencia democrática. La Constitución de 1991 nació para reemplazar la fuerza por el derecho. Si el Estado retrocede en el territorio, esa promesa se debilita.

Las urnas deben llenarse de decisiones libres, no de voluntades condicionadas. Porque cuando el poder armado gana espacio y la autoridad legítima se repliega, la democracia deja de ser plenamente libre y empieza a ser apenas formal.

En una República auténtica, los fusiles no pueden –ni deben– llenar de votos las urnas.

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

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