Lo ocurrido la semana pasada en Santa Marta fue una prueba de fuego para el nuevo gobierno en materia de orden público. Y para Colombia, pues fue una muestra de los desafíos de seguridad que enfrenta el país: estructuras criminales capaces de adaptarse y ejercer sobre comunidades enteras un poder que no depende solo de hombres armados.

La respuesta inicial del Estado merece ser destacada. Ante el ‘paro armado’ impuesto por ‘los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’, el presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Santa Marta, encabezó un consejo de seguridad y el Gobierno reforzó la ciudad con policías y militares. El mensaje fue inequívoco: no se cederá ante quienes pretenden imponer su voluntad por la fuerza y delinquir. Esa presencia importa allí donde el miedo consiguió cerrar negocios, reducir el transporte y vaciar calles.

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