Hoy viernes se cierra el plazo para la inscripción de las fórmulas vicepresidenciales de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026. Como es natural, durante buena parte de la semana, la escogencia de quienes acompañarán a los aspirantes a la Casa de Nariño copó la atención de la opinión pública. No es para menos. En cada campaña, la decisión sobre la persona que conformará la dupla que aparece en el tarjetón electoral es leída como una señal política: habla de equilibrios regionales, de apuestas programáticas y, sobre todo, de los intentos de cada candidatura por ampliar su base electoral.

El país conoce ya ampliamente quiénes conforman estas fórmulas que durante dos meses largos serán protagonistas de una campaña que se perfila vibrante. Pero junto con el interés que despiertan estos anuncios vuelve a aparecer una discusión que lleva años abierta: ¿cuál es realmente el papel de la vicepresidencia en Colombia? Se trata de un debate legítimo. Aunque esta figura existe desde la Constitución de 1991, no pocos analistas sostienen que su lugar dentro del engranaje del poder sigue sin consolidarse plenamente. Para muchos, el valor de la vicepresidencia continúa siendo ante todo electoral: sirve para sumar apoyos en campaña, equilibrar coaliciones o atraer sectores específicos del electorado. Después del 7 de agosto, en cambio, su destino suele tornarse incierto.

La experiencia reciente ha mostrado que el rol del vicepresidente o la vicepresidenta depende en gran medida de la voluntad política del mandatario de turno y de la relación que logre construirse dentro del Gobierno. A veces, como debería ser, se trata de una figura con responsabilidades claras y tareas puntuales, que incluyen desempeñarse en un ministerio. Pero en ocasiones, su margen de acción es difuso, atrapado entre algunos encargos específicos y fuertes tensiones internas. Ese carácter variable ha alimentado la percepción de que la vicepresidencia es una institución que todavía busca su lugar definitivo.

Es oportuno retomar la discusión sobre el lugar de la figura del vicepresidente en el engranaje del poder político en el país.

Así las cosas, es de esperarse que cada uno de los candidatos y candidatas tenga claro que esta historia debe cambiar. Porque el país vota por una fórmula, no por una persona acompañada circunstancialmente de otra. La vicepresidencia es una figura importante y si se ejerce en armonía con el mandatario puede ser un gran aporte para el Gobierno. Quien resulte elegido debería no solo completar el período, sino honrar el mandato ciudadano que respalda a ambos integrantes de la dupla. La democracia colombiana merece que ese segundo cargo del Ejecutivo sea algo más que un recurso de campaña para cautivar respaldos.

Dicho lo anterior, no se puede perder de vista el contexto en el que avanza este proceso electoral. A medida que se consolidan las candidaturas, crece la responsabilidad de todas las instituciones de garantizar que la competencia se desarrolle dentro de las reglas del juego. El respeto por la ley y por las condiciones de equidad en la contienda es fundamental. Y es un compromiso que debe comenzar desde las más altas instancias del poder, empezando por el Ejecutivo, que tiene la obligación de asegurar un ambiente de deliberación y debate político libre de influencias indebidas que la legislación colombiana claramente prohíbe. Y esto le resta altura y seriedad a la campaña.

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