El reciente anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de elevar de 30 a 50 por ciento el arancel a las importaciones colombianas, no hizo más que recrudecer el conflicto comercial entre ambos países. Seguidamente, el Gobierno Nacional respondió con un borrador de un decreto que llevaría alrededor de 100 productos ecuatorianos a un arancel del 50 por ciento.

De poco han servido, hasta ahora, las distintas instancias de diálogo oficial entre ambas naciones para dar marcha atrás en el indeseable camino de la ‘guerra de aranceles’. Tampoco han tenido eco, desafortunadamente, las alertas de las organizaciones empresariales a lado y lado de la frontera, que advierten de los efectos sobre la integración, la capacidad productiva y los empleos.

Valga recordar que estas medidas están generando una peligrosa disrupción en un comercio binacional cercano a los tres mil millones de dólares. Ecuador es el sexto destino exportador de la economía nacional y el segundo en cuanto a productos no minero-energéticos. Las exportaciones colombianas incluyen energía eléctrica, medicamentos, azúcares de caña, vehículos, café sin tostar, entre otros, mientras que en las ventas ecuatorianas se cuentan tableros de madera, camarones, conservas y atunes, aceite de palma en bruto.

De hecho, solo desde la cadena productiva del plástico, el arancel del 50 por ciento no solo estaría impactando ventas de alrededor de 150 millones de dólares anuales, sino borrando de un tajo la competitividad de los productos colombianos. Según la Cámara de Industria y Producción de Ecuador, el efecto podría llegar al uno por ciento del PIB, mientras que gremios colombianos estiman el impacto de esta tarifa en unos 75 millones de dólares al mes.

Este pulso comercial perjudica tanto a empresas y comerciantes como a hogares y gobiernos locales de la zona fronteriza.

Este pulso comercial perjudica tanto a empresas y comerciantes como a hogares y gobiernos locales de la zona fronteriza. Los perjuicios, en materia de costos, acceso a bienes, insumos y materias primas, también golpean a industrias, hogares y personas en territorio ecuatoriano. Son más de 5.000 empresas del lado colombiano y otras 7.500 del país vecino que participan en el comercio binacional y se están viendo afectadas negativamente.

No se trata de desconocer la urgencia de desplegar acciones contundentes en contra de la criminalidad organizada que opera en ambos países. No obstante, ignorar la institucionalidad y los procedimientos binacionales del comercio para decretar “impuestos” a estas importaciones no es la ruta adecuada para avanzar en una seguridad fronteriza más efectiva.

Lo anterior se suma a los anuncios de Estados Unidos de aumentar el arancel global a un 15 por ciento, cuyos efectos sobre Colombia aún no están tan definidos. Es lamentable que se repliquen en el vecindario estas prácticas unilaterales que entorpecen la libre circulación de mercancías y servicios. Los que pagan son las empresas, los consumidores y los trabajadores.

La decisión de Noboa aleja a ambos países de una pronta solución a esta ‘guerra’ arancelaria y oscurece el panorama para el diálogo y la diplomacia. Sin embargo, los esfuerzos públicos y empresariales, desde Colombia y Ecuador, en esa dirección deben continuar.

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