El jueves pasado el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el nuevo decreto que fija el salario mínimo para 2026 con un aumento del 23,7 por ciento. Esta es la misma alza contenida en el decreto del año pasado, que un fallo del Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente, así como justificar con mayor detalle los parámetros utilizados.

El Gobierno Nacional acató esa decisión, sosteniendo la misma remuneración que había decretado en diciembre pasado. Por el lado de los empresarios, un bloque importante accedió asimismo a mantener dicha remuneración, ya que los más de 2,4 millones de trabajadores y sus familias que hoy lo devengan ya lo han incorporado a sus economías domésticas.

Hay que decir, de entrada, y en aras de una justa claridad, que nadie está en contra de que estos trabajadores tengan derecho a un incremento que los lleve a una mejor calidad de vida y a mayor equidad. Eso no está en discusión y es mezquino ponerles un inri sobre los hombros a quienes se atreven a plantear discusiones técnicas. Nada mejor que haya más poder adquisitivo.

No obstante, haber sostenido el aumento del 23,7 por ciento no significa que las alertas que se dispararon cuando se anunció el primer decreto se hayan evaporado automáticamente. Los análisis sobre los distintos efectos negativos del alza –como la pérdida de cientos de miles de empleos formales, las presiones a la inflación e impactos en pensiones y vivienda social– siguen vigentes.

Además, en este caso no solo se debieron consultar las realidades del mercado laboral, sino también respetar los métodos institucionales para llegar a una cifra que tendría que darse preferiblemente por consenso, y que no resulte a la postre en un búmeran para los mismos trabajadores y un duro golpe a la lucha contra la informalidad.

Este asunto, por cuanto significa en todo nivel de la economía nacional, no solo está en manos de la Casa de Nariño. Por ello, el Consejo de Estado, en su accionar en este tema tan delicado, se ha ceñido al Estado de derecho y eso es lo que corresponde acatar. Lo que ha imperado ahora, y así lo debe entender la Nación, es la institucionalidad.

Del primer mandatario se espera que los llamados, antes que a las calles, deberían orientarse a buscar acuerdos

No hacerlo es seguir por el sendero ríspido de la división. En cambio, está el camino de la concertación, con mediciones más sociales y económicas que partidistas o electorales. Por ese motivo, aunque por el momento el alza del salario mínimo se mantiene, no sobra alertar al Gobierno Nacional y al presidente Petro sobre las constantes invitaciones a llamar a las calles, en especial, para controvertir decisiones que se toman dentro de los marcos institucionales y en derecho.

Por más que la Casa de Nariño interprete que en este episodio salió victoriosa, del primer mandatario se espera que los llamados deberían orientarse a buscar acuerdos. No lo ha hecho durante su mandato con muchos sectores de la sociedad y por eso es imperativo recordar que un presidente gobierna para todos y que el liderazgo empieza con el respeto a las instituciones.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

© El Tiempo