En las últimas semanas, el debate sobre el proyecto de presupuesto asignado a la JEP y a la institucionalidad vinculada con el cumplimiento del acuerdo de paz en general ha alcanzado una notoriedad inusitada. Normalmente, estos asuntos económicos y fiscales son discutidos internamente por equipos de tecnócratas del Ministerio de Hacienda: se analizan cifras, proyecciones y escenarios macroeconómicos. Pareciera tratarse de un tema bastante frío, aséptico, neutral; en pocas palabras, sin corazón ni rostro humano.

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En medio de una espesa niebla informativa, las voces de preocupación de las víctimas (más de 15.000 individuales y cerca de 600.000 colectivas) se vienen alzando con fuerza y han sido muy claras: no estamos luchando por una institución, lo hacemos por nuestros derechos, por la memoria y por la no repetición. En paralelo, los comparecientes de fuerza pública ante la JEP (cerca de 7.000) y los firmantes de la paz ven en riesgo la seguridad jurídica que este modelo de justicia transicional restaurativa les ha brindado: los unos (más de 2.000), quienes se encontraban condenados o investigados, recuperaron de forma transitoria y condicionada su libertad; los otros avanzan en programas de reincorporación. Los antiguos enemigos en la guerra cuentan con una segunda oportunidad para reiniciar sus vidas, en compañía de sus familias.

Lo que........

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