Análisis Nicaragua y la Revolución que dejó de disputarse a sí misma

Jurista. Investigadora sobre derechos humanos y feminismos decoloniales.

Centroamérica, la cintura de América Latina, aparece en la conversación pública europea de forma intermitente; es casi una región invisible. Una catástrofe natural, las caravanas migrantes hacia Estados Unidos, la violencia de las pandillas, la violación de los derechos humanos en megacárceles o unas elecciones controvertidas devuelven, de forma momentánea y secundaria, la región al mapa informativo. Nicaragua, el país que en 1979 derrocó a la dictadura de la familia Somoza tras una larga lucha revolucionaria, comparte esa invisibilización con el resto del istmo.

La conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio pasado, situó al país bajo la mirada internacional. Ante una multitud y en defensa de la Revolución, Daniel Ortega, que gobierna el país junto a su esposa, Rosario Murillo, anunció entre vítores y cánticos que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y aseguró que promoverá leyes para impedir que unas fuerzas políticas, a las que vinculó con Estados Unidos y con el legado del somocismo, vuelvan a disputar el poder. Ortega y Murillo, esta vez sin ningún disimulo y más allá de la habitual descalificación de una oposición sometida desde hace años a una represión sistemática, cerraron cualquier posibilidad de disputa política y de alternancia en el Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó días después que sí habrá elecciones, bajo un marco constitucional que las “blinde” de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”

Tres días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que sí habrá elecciones, aunque bajo un marco constitucional que las “blinde” de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”. Nadie explicó quiénes ni bajo qué reglas podrían competir, ni hizo referencia a los cientos de opositores presos, exiliados, desterrados o desnacionalizados. Conviene señalar, además, la presencia significativa de personas pertenecientes a comunidades indígenas entre los presos políticos.

La deriva antidemocrática y la violación de los derechos humanos y las libertades civiles no son recientes. Desde 2018 se ha exacerbado la represión contra quienes adversan a Ortega; en 2021 el régimen encarceló o inhabilitó a los siete precandidatos presidenciales con posibilidades reales de competir contra él, asegurándose una reelección sin oposición real. En 2025, una reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo en copresidenta, amplió el mandato presidencial y otorgó al Poder Ejecutivo la autoridad de “coordinar” los........

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