La caída del escudo social y de la moratoria que permitía suspender los procedimientos de desahucio en los casos en los que los servicios sociales habían acreditado la existencia de familias vulnerables supone un retroceso gravísimo en la protección del derecho a la vivienda. Estas medidas no eran un privilegio ni una concesión injustificada, sino un mecanismo imprescindible que permitía a las familias permanecer en su vivienda mientras las administraciones públicas, obligadas legalmente a ello, debían buscar una alternativa habitacional. Una obligación que, en un inmenso número de procedimientos, no se cumple, amparándose en la falta de recursos, de vivienda pública o de voluntad política.

Con la desaparición de estas protecciones, miles de familias quedan expuestas a ser desalojadas sin que exista ninguna solución prevista para ellas. Hablamos de hogares con menores a cargo, familias procedentes de ejecuciones hipotecarias que habían accedido a........

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