La regularización extraordinaria de personas migrantes ha sido una de las medidas de las que más pecho ha sacado el Ejecutivo central pero, en sí misma, ha abierto un cisma entre la mayoría parlamentaria. El motivo no está en el volumen de la medida ni en la confrontación dialéctica que ha supuesto con la derecha y la extrema derecha, que se veía venir desde el inicio, sino en que la regularización no contempla a los apátridas y los excluye del procedimiento extraordinario, dejando fuera, en la práctica, a buena parte del colectivo saharaui que reside en España. Sumar y el BNG han sido las puntas de lanza de esta denuncia, con acusaciones directas al ala socialista del Ejecutivo por haber aceptado una solución que le hace el juego a Marruecos.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que ya está en vigor en el Boletín Oficial del Estado permite a las personas migrantes en situación irregular que ya vivían en España acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo. El Ejecutivo calcula que el proceso puede beneficiar a cientos de miles de personas, pero tiene una clara contraparte: la regularización no tiene en cuenta a las personas apátridas, una categoría jurídica en la que encajan muchos saharauis. El argumento oficial lo resumió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz: los apátridas no están en situación irregular y España dispone para ellos de un estatuto específico de protección, pero ha sido insuficiente para apaciguar las aguas a la izquierda del PSOE.

Las alarmas se han encendido especialmente en el espacio de Sumar, en el BNG y en el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. La diputada Tesh Sidi denunció de inmediato que la exclusión es una "política........

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