Maricarmen Abascal tiene 87 años y hasta el pasado miércoles había vivido más de siete décadas bajo el mismo techo. Ese día, una comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía, la sacó de su casa por orden judicial tras un procedimiento promovido por el fondo Urbagestión. La escena provocó protestas y movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla y una repercusión política y social como pocos casos de desahucio lo han conseguido. Entre quienes intentaron frenar el desahucio había religiosos, sacerdotes y militantes de movimientos católicos como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Hubo presencia de creyentes en las calles, pero quien no estuvo, y tal vez ni se le esperó, fue la jerarquía eclesiástica.

Ni la Conferencia Episcopal Española hizo pública una posición sobre el caso ni los obispos españoles difundieron reflexiones al respecto en sus redes sociales, a pesar de que su actividad en las mismas suele ser prolija. El silencio resulta llamativo en una institución cuyos principales representantes recurren con frecuencia a X para pronunciarse sobre cuestiones de actualidad. También contrasta con la actividad de numerosos católicos que, desde parroquias, movimientos sociales y organizaciones vinculadas a la Iglesia, llevan años acompañando a personas amenazadas por la pérdida de su vivienda. Una ausencia de respuesta episcopal que coincide también con la escasez de pronunciamientos públicos sobre la crisis migratoria de Ceuta, que el papa León XIV describió este viernes como una “crisis humanitaria”. En este terreno sí existen excepciones, como los obispos de Mondoñedo, Málaga o Sant Feliu, aunque también se han producido intervenciones controvertidas, como las del arzobispo de Oviedo, Jesús........

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