El Ejecutivo afronta uno de sus momentos más complejos y toca mover ficha después de que la gestión política haya quedado en un segundo plano como consecuencia del protagonismo de los asuntos judiciales. La atención mediática de los últimos meses se ha centrado (y con razón) en investigaciones, imputaciones y procesos judiciales más que en la situación política propiamente dicha. Buena muestra de ello han sido la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la apertura de juicio y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, o la condena a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos. En medio de toda esta vorágine de tribunales, el Gobierno busca dar un puñetazo en la mesa para irse al parón de verano con buen pie, con una batería legislativa que ponga en nuevamente en el centro las políticas progresistas.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez ha cerrado la puerta a nuevas dimisiones o ceses políticos, y tanto los ministros socialistas como los de Sumar intentan devolver protagonismo a la acción de Gobierno y alejar el foco de la permanente controversia judicial. El objetivo es llegar al paréntesis estival de agosto con una percepción distinta a la actual, en la que el ruido judicial acapara toda la actualidad noticiosa. En Moncloa y en Ferraz preocupa la imagen de desgaste, de Ejecutivo cercado por los escándalos y de una legislatura que muchos consideran agotada. Para combatir esa sensación, varios ministerios han acelerado iniciativas clave durante julio, un mes que se antoja decisivo para medir si aún queda recorrido político antes de las próximas elecciones, previstas para 2027.

De entre toda la batería prevista, el texto probablemente más esperado es el decreto de vivienda.........

© El Plural