La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ha abierto dos frentes que discurren en paralelo, pero que requieren respuestas diferenciadas. Por un lado, las administraciones afrontan la acogida de miles de migrantes que se encontraban en situación de calle, especialmente en el entorno de la playa de El Trampolín, y por otro, el Gobierno central se encuentra preparando el traslado a la Península de alrededor de 500 menores no acompañadas, en un asunto que ha generado debate con algunos de los líderes autonómicos sobre las dimensiones legales y humanitarias del asunto. Andalucía y Extremadura, cogobernadas por PP y Vox, han asegurado que cumplirán la legislación vigente, aunque sus presidentes, Juanma Moreno y María Guardiola, han defendido que la prioridad debería ser el retorno de los menores a sus países de origen. Castilla y León, gobernada también por PP y Vox, ha anunciado que recurrirá a los tribunales si el traslado provoca perjuicios para la comunidad. Posiciones frente a las que Castilla-La Mancha, bajo el mandato de Emiliano García Page, ha mostrado su disposición a colaborar, mientras que Navarra, con María Chivite a la cabeza, ha reclamado "humanidad" en el debate.

Cerca de 1.700 migrantes abandonaban este jueves la playa de El Trampolín escoltados por la Policía Nacional y se dirigían a pie hacia los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta, en una actuación que respondía al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta para hacer frente a una situación que había convertido distintos espacios de la ciudad en asentamientos improvisados. La playa de El Trampolín había llegado a concentrar, durante los repartos de alimentos, a más de 3.500 personas, según estimaciones policiales........

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