El intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, se ha saldado con la apertura de conversaciones públicas sobre los límites de la circulación de información en una investigación judicial y sobre el equilibrio entre la dirección política del Gobierno y la autonomía de los jueces, con ambas partes barriendo para casa y con la crisis humanitaria y migratoria como telón de fondo aún presente.

Las discrepancias entre ambos organismos nacen de una decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Según Interior, la jueza ordenó al equipo policial encargado de investigar la crisis migratoria de Ceuta que no facilitara a sus superiores información sobre un informe elaborado a petición del juzgado. Marlaska trasladó su "preocupación" a la presidenta del CGPJ mediante una carta. La respuesta de Perelló fue clara: aunque comparte con el ministro la gravedad y el carácter extraordinario de la situación, la actuación de la magistrada forma parte del ejercicio de sus funciones constitucionales y debe recibir "el máximo respeto".

Todo comenzó cuando el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, elaborara un informe a petición de la jueza María Tardón. De acuerdo con la información trasladada por el Ministerio del Interior, la magistrada dio........

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