El acuerdo, sellado apenas 24 horas antes de la entrevista concedida por José María Figaredo y Carlos H. Quero, consolida la presidencia de María Guardiola gracias al respaldo de Vox, pero también evidencia el precio político pagado por el Partido Popular: asumir un programa que desplaza el foco desde la gestión hacia la exclusión. Bajo el lenguaje técnico de “prioridad nacional” o “desarrollo normativo”, se esconde una hoja de ruta que busca restringir derechos básicos y redefinir quién merece protección institucional.

Según ha publicado elPaís, el nuevo pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura no solo redefine equilibrios políticos, sino que ha abierto una grieta ética en la gestión de lo público: “No se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia”. La frase, pronunciada sin titubeos por los negociadores ultras, no es un detalle menor, sino el eje de una estrategia que convierte la vulnerabilidad en campo de batalla ideológico.

Los negociadores de Vox, bajo la sombra de Santiago Abascal, no han disimulado su ambición: el pacto extremeño es solo “el suelo”. Es........

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