Santiago Abascal ha subido la apuesta. El presidente de Vox decide llevar la crisis de Ceuta un paso más allá y activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros de la coalición por posibles delitos de “traición” y contra la seguridad del Estado. La ofensiva, sin embargo, no apunta únicamente a la Moncloa. Tiene un segundo carril que conduce a la calle de Génova. Los ultras elevan el choque ideológico con el Partido Popular, al que colocan ante el escenario de acompañarles en una iniciativa de enorme trascendencia política o dejar al líder de extrema derecha sólo en su intento de exportar la crisis migratoria al Tribunal Supremo.

El problema para Vox, como casi siempre, está en los números. La Constitución establece que una acusación de tal índole sólo puede plantearse por iniciativa de, al menos, una cuarta parte de los diputados. Después, necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, que en una Cámara de 350 parlamentarios, eso implica aunar 88 escaños sólo para iniciar el trámite y 176 votos favorables para su aprobación.

Una fuerza de la que en estos momentos no disponen. En las últimas votaciones del Congreso, el grupo de Abascal ha registrado 33 votos, mientras que el Partido Popular ha alcanzado 137 en iniciativas propias. Incluso contando con el apoyo de los populares, el bloque........

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