Con motivo del intento de la Comunidad de Madrid de que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) inicie la apertura de una universidad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, trató de frenarlo este lunes sosteniéndose en cinco principios jurídicos, impugnando así la Orden 5465/2025 del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso que autorizaba la adscripción de la entidad a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En aras de respaldar la contrariedad por la vía jurídica, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, se han vertebrado en cinco puntos esenciales. El primero de ellos, centrándose en la falta de habilitación legal, por la que se reitera que los colegios profesionales no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia universitaria oficial, séase, grados o másteres.

Por consiguiente, es un programa que vulnera la normativa básica estatal de esta materia, puesto que la orden del Ejecutivo madrileño contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario, así como el régimen estatal sobre la creación de nuevos centros universitarios. En tercer lugar, también........

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