La investigación judicial sobre la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y la Justicia. 

La magistrada María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar unos hechos que, según su resolución, pudieron constituir un ataque contra la integridad territorial de España y presentar indicios de delitos contra la paz y la independencia del Estado. 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido cuestionando la imparcialidad de la instructora y poniendo el foco en su pasado político como concejala independiente integrada en la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid.

Puente ha reconocido no disponer de los elementos de prueba que obran en poder de la magistrada, pero ha considerado que determinadas decisiones adoptadas durante la instrucción generan dudas. “Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad”, afirmó en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER. El ministro vinculó esa apreciación a la trayectoria política de Tardón: “No olvidemos que se trata de una jueza que, por mucho que esté en su plaza, proviene del mundo político”. 

"Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos 'curiosos' (...) Esta jueza (María Tardón) tiene el pasado que tiene y empieza un poco regulín", ha esgrimido la portavoz del PSOE en Las Mañanas de Radio Nacional del España.

Una causa que eleva la tensión institucional

La magistrada sostiene, de manera provisional, que la entrada masiva no debe analizarse únicamente como un fenómeno migratorio, sino que pudo formar parte de una actuación organizada susceptible de afectar a la integridad territorial española. La investigación contempla, además, otras posibles figuras delictivas, entre ellas el favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidios imprudentes, lesiones y organización criminal.

El elemento que ha precipitado el terremoto político y mediático es un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional a petición de la magistrada. 

El documento apunta a una actuación planificada y describe la intervención de agentes marroquíes que habrían facilitado y guiado parte de........

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