La investigación judicial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, acaba de dar un paso decisivo. Seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo solicitara, el juez de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha ordenado a dieciséis entidades bancarias que remitan toda la información relativa a cuentas, movimientos, productos financieros y saldos vinculados al empresario y a otras personas relacionadas con la causa.

La resolución amplía el foco de la investigación hasta una década atrás. Los agentes podrán analizar toda la actividad financiera registrada desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, un periodo temporal extraordinariamente amplio que permitirá reconstruir con detalle la evolución patrimonial de los investigados.

La decisión supone uno de los movimientos más relevantes desde que se abrió la pieza separada en la que González Amador está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios. El objetivo de la UCO es determinar si existieron incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados y si dichos aumentos guardan relación con las operaciones mercantiles que se encuentran bajo sospecha.

Una radiografía financiera completa

En su auto, el magistrado considera necesario disponer de toda la información bancaria para elaborar........

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