El caso que acorrala al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), suma un nuevo y demoledor capítulo que estrecha de forma definitiva el cerco judicial sobre su gestión patrimonial. Documentos inéditos incorporados a la causa judicial —a los que ha tenido acceso este periódico— revelan la maniobra in extremis ejecutada por el regidor 'popular' y su hija mayor, Julia, apenas unas horas antes del fallecimiento de la matriarca de la familia, Dolores Pilar Rosalía Hermida Pereiro.

La tarde del 2 de enero de 2025, mientras la madre de los hermanos Durán Hermida se encontraba ya totalmente sedada en sus últimas horas de vida, Gonzalo Durán y su hija Julia procedieron a remitir una batería de mensajes a través de la aplicación "WhatsApp" a los diversos arrendatarios de los 13 inmuebles de Santiago de Compostela que conforman parte del patrimonio familiar, junto con otra vivienda, la 14ª en Santiago, que el tándem comercial de padre e hija explotan como VUT de forma irregular, sin los permisos administrativos necesarios. 

El objetivo de la comunicación (mensajes a través de la aplicación "WhatsApp") era taxativo: exigir la modificación inmediata de la cuenta bancaria para el ingreso de las mensualidades del alquiler, ordenando que los pagos dejaran de realizarse en la cuenta de la titular, la madre de los Durán, que agonizaba en el hospital horas antes del fallecer, y pasaran a ingresarse en una cuenta bancaria a nombre del propio Gonzalo Durán.

Amenazas a los inquilinos y un poder que no permitía actos de disposición

Entre las pruebas que ya analiza la magistrada figura las capturas de pantalla de los mensajes enviados por Julia Durán a las inquilinas, así como los correos electrónicos posteriores emitidos por la arrendataria. En dicha documentación se constata que la maniobra se realizó a espaldas y sin el consentimiento del otro copropietario y hermano del regidor. 

Ante las dudas expresadas por una inquilina y la comunicación de su disconformidad con el cambio de domiciliación, la respuesta por parte de la hija del alcalde fue tajante: por un lado, se profirió la amenaza explícita de rescindir el contrato de arrendamiento si la mensualidad "volvía a la cuenta de Dolores"; por otro, se pretendió blindar la operación amparándose en un poder notarial firmado el 30 de octubre de 2024 ante notario. 

Sin embargo, el análisis jurídico del citado poder saca a la luz la presunta irregularidad de la actuación: la escritura pública solo facultaba a Gonzalo Durán para actos de mera administración ordinaria, en ningún caso para actos de disposición patrimonial o apropiación de fondos. Asimismo, la validez de dicho poder........

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