Desde hace unos años, pero para ser más precisos, desde aquel verano de 2023 tras unas elecciones generales cuyos resultados el Partido Popular en genérico y Alberto Núñez Feijóo en particular siguen sin ser capaces de digerir, España vive instalada en tiempos convulsos. Asistimos a diario a un escenario judicial y político difícil de asimilar, fruto de una alarmante ausencia en la separación de poderes.

Y es que la separación de poderes en Galicia no se quiebra mediante llamadas telefónicas nocturnas ni presiones explícitas sobre la mesa de un despacho; se ejecuta con la precisión quirúrgica del diseño institucional. A través de una estudiada política de nombramientos estratégicos pilotada desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría conservadora, el Partido Popular ha logrado erigir una auténtica fortaleza jurídica en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El epicentro de este blindaje es la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y su intérprete principal tiene nombre propio: la magistrada Azucena Ponte.

El ciudadano gana... hasta que llega la apelación

Desde su ascensión a la presidencia de la Sala, frente a la candidatura del magistrado de corte progresista y exlíder de la oposición Luis Villares, la fisonomía del alto tribunal gallego ha sufrido una mutación profunda. La reestructuración interna de las secciones, el trasvase de magistrados incómodos y la consolidación de la Sección Segunda que, por los datos, parece operar como un órgano de validación sistemática de los actos de la Xunta, han edificado un escenario donde ganar un pleito a la administración autonómica se ha convertido, por estricta definición estadística, en una misión imposible.

Ya sea por la vía ordinaria o a través del recurso de apelación, la maquinaria judicial de la Sección Segunda opera como un rodillo que desactiva cualquier atisbo de contestación legal ciudadana.

El ajedrez de San Caetano: el asalto al poder judicial gallego

Para comprender el estado actual de la justicia contenciosa en Galicia, es obligatorio remontarse al proceso de renovación de la cúpula de la Sala de lo Contencioso del TSXG. Las salas de lo contencioso-administrativo son, por su propia naturaleza, los campos de batalla más sensibles para un gobierno autonómico: allí es donde se dirimen las macroconcesiones eólicas, las autorizaciones mineras, los planes urbanísticos, las sanciones multimillonarias, la gestión del personal público y los grandes contratos de infraestructuras.

Para la Xunta de Galicia, mantener el control o, al menos, la sintonía con este órgano no es una cuestión de prestigio, sino de supervivencia operativa y económica.

El punto de inflexión definitivo se produjo cuando el CGPJ otorgó la presidencia de la Sala a Azucena Ponte. Su rival en la terna era Luis Villares, un magistrado con un gran conocimiento del derecho administrativo gallego pero marcado a fuego por el PP debido a su etapa en la política activa al frente de En Marea. La elección de Ponte no fue una sorpresa, sino la culminación de una estrategia de ocupación de espacios de poder judicial.

Una vez instalada en el despacho principal, Ponte no tardó en hacer uso de las prerrogativas organizativas que ostenta la presidencia, coordinadas con la Sala de Gobierno del tribunal. Comenzó entonces lo que fuentes internas de la judicatura gallega califican de "purga silenciosa pero implacable". El objetivo principal era neutralizar la Sección Tercera de la Sala, un órgano que históricamente se había convertido en el gran dolor de cabeza del Ejecutivo del PP.

La Sección Tercera venía dictando sentencias demoledoras que paralizaban parques eólicos autorizados de forma exprés por la Consellería de Industria y que tumbaban........

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