Construidas entre 1956 y 1981

Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones

Municipios como Corbera de Llobregat o Cervelló, en Barcelona, concentran el mayor número de urbanizaciones afectadas, que se construyeron entre 1956 y 1981 y ahora podrán ser legalizadas

CONTEXTO | El Govern lanza un fondo extraordinario para dar aire financiero a los pequeños municipios

DÉFICIT | El Govern detecta un déficit de 1.000 interventores, secretarios y tesoreros en pequeños ayuntamientos

Tareas de asfaltado en el barrio Els Turons de Palau-solità i Plegamans. / Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

A los ayuntamientos de Catalunya, sobre todo a los pequeños, se les abre una puerta para poner fin a uno de los dolores de cabeza que más se les han enquistado en las últimas décadas. Se trata de las urbanizaciones que se construyeron entre 1956 y 1981 pero que no fueron legalizadas, de modo que perviven lastradas por la falta de servicios esenciales —abastecimiento de agua, iluminación, asfaltado o alcantarillado— u obras de urbanización inacabadas. Un cambio legal impulsado por el Govern de la Generalitat, que ha aprobado esta semana en el Consell Executiu su compromiso de financiar en este ámbito al mundo local, facilita ahora que los ayuntamientos puedan regularizar estas barriadas dispersas y urbanísticamente en falso, que ascienden a 730 en Catalunya y que afectan a unos 120.000 catalanes. En global, más allá de las carencias urbanísticas, se estima que en Catalunya hay 1.433 urbanizaciones con déficits.

Alrededor de 300 de ellas se ubican en la demarcación de Barcelona, concentradas en municipios como Corbera de Llobregat (16), Santa Eulàlia de Ronçana (15), Cervelló (8), Palau Solità i Plegamans (7) o Sant Cugat del Vallès (7). Durante los últimos meses, un grupo de alcaldes socialistas afectados se ha reunido con el Govern para hablar de la problemática. También el flanco municipalista de Junts ha presionado al ejecutivo catalán acusándolo de "abandonar" a la ciudadanía que sufre las carencias de servicios en estas urbanizaciones. Tanto socialistas como posconvergentes concurren en que, hasta la fecha, los ayuntamientos no han tenido ni los instrumentos normativos ni la financiación necesaria para afrontar la casuística infinita de esas zonas residenciales.

El ejecutivo catalán ha puesto ahí el foco. Más allá de la reforma normativa, un convenio entre el Departament de Territori y el Institut Català de Finances (IFC) pondrá las bases para financiar a los ayuntamientos implicados. La idea es que, con esa línea de financiación, los consistorios puedan avanzar los fondos para ejecutar las obras o tramitar el planeamiento urbanístico necesario. Aunque todavía no está concretada la partida económica ni los ayuntamientos que podrán acogerse, en el Govern tienen claro que podrá facilitarse la mejora de muchas urbanizaciones que no disponen de los servicios públicos básicos. "Es un compromiso del Govern con las políticas de vivienda y con los ayuntamientos con menos capacidad para actuar", afirmó la consellera Sílvia Paneque.

Montse Canas (PSC), alcaldesa de Cervelló (9.726 habitantes), uno de los municipios afectados, explica a EL PERIÓDICO que su ayuntamiento hasta ahora se ha visto limitado por ley para sufragar los gastos que piden los vecinos de las urbanizaciones. "Nuestro interventor estaba ligado de pies y manos porque la Ley exigía que en urbanizaciones no recepcionadas [no legalizadas] sean los propios vecinos los que deben financiar sus servicios. Hablamos por ejemplo de carreteras o aceras inacabadas, falta de alcantarillado o carencias en la iluminación", señala Canas.

Urbanización de Can Fargues, en Sentmenat. / Ajuntament de Sentmenat

Reunión Generalitat-ayuntamientos después de Semana Santa

La Generalitat convocará a los ayuntamientos para hablar de cómo les afectará el cambio normativo durante la semana del 20 de abril. Será entonces cuando se les explicará cómo podrán acceder a apoyo técnico de la administración catalana, cómo operar en función del tipo de suelo en que se ubiquen las urbanizaciones —pueden estar en suelo no urbanizable, urbanizable o urbano no consolidado— y cómo podrán beneficiarse del cambio normativo. Por ejemplo, la nueva regulación relaja las obligaciones de las urbanizaciones para ser legalizadas —por ejemplo, las exime de ceder zonas verdes o equipamientos—, lo que permite abaratar las reparcelaciones que deben acompañar a los proyectos de urbanización.

Otra ventaja directa de la nueva regulación catalana es que aprueba la posibilidad de que las urbanizaciones habiliten sistemas autónomos de saneamiento para depurar sus aguas. Éste ha sido uno de los grandes caballo de batalla de los ayuntamientos por los elevados costes de este tipo de infraestructuras. Además, la norma también abre la veda para que los ayuntamientos puedan regularizar servicio a servicio, de manera individualizada y no necesariamente en bloque como hasta la fecha. La reforma legal interpela también a la Diputación de Barcelona (DIBA), que ha trabajado sólidos balances de situación de la problemática años atrás.

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Diversos alcaldes de pequeños municipios consultados aseguran que hasta ahora se veían atrapados entre la ley y la ciudadanía. Por un lado, los vecinos de las urbanizaciones, que pagan elevados recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reclaman el acceso a servicios y mejoras de una calidad equiparable a la del resto de ciudadanos. Por otra, los ediles recibían la negativa de interventores y secretarios a la hora de poder afrontar estos gastos, ya que las áreas residenciales no se consideran incluidas dentro de la disciplina urbanística competencia de la administración municipal. "En algunos casos, hablamos de personas vulnerables que hace muchos años compraron su tierra sin ser conscientes o sin tener información de hasta qué punto habían sido legalizadas por los constructores", rubrica la alcaldesa Canas.

El cambio legal de las urbanizaciones no recepcionadas

La novedad normativa sobre las denominadas urbanizaciones no recepcionadas se incluyó en la Ley 11/2025, de medidas en materia de vivienda y urbanismo, aprobada a finales del 2025 con los votos favorables de PSC, ERC, Comuns y CUP, con los votos en contra de PP, Aliança y Vox y el visto bueno parcial de Junts. La regulación corrige errores y flexibiliza las urbanizaciones que se regularizan en relación al Decreto Ley 2/2025, que incorporó el grueso de la nueva normativa en cuanto a las urbanizaciones.

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