Los plazos para salvar la central nuclear de Almaraz se estrechan y anticipan otro pulso entre las eléctricas y el Gobierno

Si el Gobierno no aprueba la prórroga de la planta en menos de seis meses, Iberdrola, Endesa y Naturgy tendrán que presentar la solicitud de cese de actividad y el CSN reactivará el plan de cierre aunque haya avalado antes su continuidad

Las eléctricas meten presión para mantener abierta la planta en plena convulsión energética provocada por la guerra en Oriente Medio y avisando de que pedirán la prórroga también para el resto de centrales de España

Central nuclear de Almaraz / Cedida

El futuro de la central nuclear de Almaraz vuelve a convertirse en una carrera contra el reloj. Y los próximos meses, cada vez menos, van a ser clave. Las grandes eléctricas ya han dado el primer paso para tratar de salvar del cierre la planta. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. Y los plazos para retrasar la clausura se estrechan y anticipan un embrollo regulatorio si el Ejecutivo tarda en dar su respuesta oficial.

El Gobierno reenvió la solicitud de las grandes eléctricas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento. El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, solo dos meses antes del cierre programado del primer reactor de Almaraz, según el reglamento vigente. Sin embargo, la estimación que maneja el CSN es que tendrá el informe ya listo este verano, previsiblemente en julio.

Las compañías eléctricas dan por hecho que el CSN no establecerá nuevas condiciones adicionales de seguridad para ampliar el funcionamiento de Almaraz y que el dictamen básicamente confirmará que la planta ya cumple con todos los requisitos para mantener la operación hasta 2030 (la última revisión periódica de seguridad para Almaraz, ejecutada por el CSN en 2020, ya extiende su vigencia precisamente hasta 2030).

Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear apruebe su informe, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá la última palabra para aprobar o no la ampliación de la prórroga. Pero la respuesta tendrá que ser rápida a riesgo de que se produzca un lío de plazos legales y administrativos por lo apretado de los tiempos de la solicitud de las eléctricas y del cierre programado para el reactor Almaraz I, cuya licencia actual establece que debe dejar de funcionar el 1 de noviembre de 2027 (en el caso de Almaraz II el plazo se extiende al 31 de octubre de 2028).

Doble embrollo de plazos

El embrollo de los tiempos es doble. Por un lado, con carácter general el Gobierno dispone de un plazo de seis meses para resolver procesos administrativos desde la presentación de la solicitud. Así que en principio el Ministerio dispondría de seis meses desde la petición de las eléctricas de prórroga, presentada a finales del pasado octubre. El departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen emitió una resolución para suspender el plazo de ejecución y en principio dispondría ya de poco más de dos meses desde que el CSN le remita su dictamen, aunque el Ejecutivo puede volver a congelar los plazos si lo considera necesario y pide más información a las compañías.

Por otro lado, si el Gobierno no formaliza su ‘ok’ a prorrogar la licencia de Almaraz antes de que finalice el próximo mes de octubre, las eléctricas propietarias de Almaraz estarán obligadas a iniciar el proceso de cese del reactor I de Almaraz. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de las centrales nucleares deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos con un año de antelación de que expire la autorización. Y en el caso de Almaraz I tendrían que hacerlo antes del 1 de noviembre.

Así que si el Ejecutivo no se pronuncia antes de ese plazo, se entraría en una fase en que de facto estarían de nuevo en marcha el análisis de la ampliación y también el proceso para preparar el cierre en la fecha actualmente prevista, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes institucionales implicadas en el proceso. Las eléctricas enviarían la documentación de cese de explotación al Gobierno, éste al CSN, y el supervisor puede acabar reactivando el expediente de cierre de Almaraz después de haberse pronunciado ya avalando su continuidad.

Justo a la vez que las compañías eléctricas pedían posponer el cierre, también tuvieron que enviar de manera simultánea al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso oficial de cese de actividad según el calendario previsto. La normativa ya obligaba a las empresas a remitir la información al supervisor antes del 1 de noviembre (justo dos años antes de que la fecha programada de cierre para el primero de los reactores, Almaraz I).

Tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, en los que las compañías buscaban garantías de que conseguirían una rebaja de impuestos para sus centrales nucleares (que nunca llegaron), Iberdrola, Endesa y Naturgy fueron retrasando la solicitud oficial de ampliar la planta. Una demora que ha hecho que finalmente las empresas hayan presentado a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla.

El regulador solo está estudiando la petición de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz y ha dejado aparcado de momento el expediente de cese de la planta. El supervisor entiende que actualmente el encargo formal de que dispone el Gobierno es únicamente el de analizar los requisitos técnicos de la prórroga de la autorización, tras reenviarle la solicitud de las eléctricas, y que son esos trabajos a los que les debe dar prioridad. Pero a partir de noviembre esta situación podría variar y que el CSN acabe teniendo ambos expedientes en marcha de manera simultánea, el de ampliación de la central y el de su cierre.

Presión para ampliar todas las centrales

Iberdrola y Endesa, los principales operadores nucleares españoles, de momento solo han solicitado la prórroga de la autorización de Almaraz, pero reconocen que su objetivo es una ampliación de la vida de todas las centrales y que irán solicitándolo para todas ellas en su momento. En plena convulsión en el sector energético global por la guerra en Oriente Medio, las compañías meten presión al Ejecutivo y reivindican la estabilidad que pueden aportar las centrales nucleares a la seguridad de suministro de todo el sistema.

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De momento el Gobierno avisa de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales. "Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea", advirtió a las eléctricas hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo advierte de manera insistente a las grandes eléctricas de que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el CSN); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.

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