El poder del Ibex que está en juego el 29-N

El Gobierno tiene participaciones en una decena de empresas cotizadas (siete del Ibex y otras tres del mercado continuo) en sectores estratégicos como la energía, defensa, transporte o banca. Un tesoro de 50.000 millones cuyo control se dirime en las próximas elecciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El poder político sobre grandes empresas cotizadas españolas también se decide el próximo 29-N. Las elecciones anticipadas, que se celebrarán dentro de apenas mes y medio, marcarán el futuro político del país, y también determinarán el futuro de un amplio entramado de corporaciones. De Telefónica a Indra, de Aena a Red Eléctrica, un eventual cambio de color político en Moncloa abre la puerta a un giro en la gobernanza (con la continuidad de presidentes, consejeros delegados, muchos otros directivos y decenas de consejeros en el alero) y también deja en el aire los planes y estrategias de distintas compañías que tienen un papel protagonista en sectores clave para la economía del país.

El Estado tiene participaciones accionariales directas en una decena de grandes compañías cotizadas en la bolsa española. Un tesoro con un valor de cerca de 50.000 millones de euros cuyo control se disputarán el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, y sus respectivos aliados en los bloques a izquierda y derecha, en las próximas elecciones generales. El poder estatal se extiende en sectores estratégicos como la energía, la defensa, las telecomunicaciones y tecnología, el transporte, la industria o la banca, a través de paquetes accionariales de diferente magnitud e influencia en siete compañías del Ibex 35 (Aena, Caixabank, Indra, Telefónica, IAG, Redeia y Enagás) y en otros tres grupos que cotizan en el mercado continuo (Airbus, Ebro Foods y Talgo).

Las participaciones en manos del Estado en el septeto de corporaciones del Ibex tienen un valor conjunto de más 41.500 millones de euros, lo que representa conjuntamente algo más de un 3% de la capitalización total de las 35 empresas del índice selectivo, que ya supera los 1,33 billones de euros tras la escalada récord de los últimos años. Los paquetes en las tres participadas del mercado continuo ascienden a casi 6.400 millones de euros (casi enteramente concentrados en la participación del 4,1% en el consorcio aeronáutico Airbus, con cerca de 6.100 millones; a los que se suman los 293 millones del paquete público en el grupo de alimentación Ebro Foods y los 25 millones en Talgo).

En manos de SEPI, Enaire y BFA

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el histórico holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, es el instrumento preferencial a través del que se articula la presencia del Gobierno en el accionariado de diferentes grupos. Sin embargo, las dos participaciones estatales que tienen un mayor valor económico (y con mucha diferencia) son ajenas al holding, y son las que están controladas por otros entes de carácter estatal.

El grupo Enaire -encargado de las labores de control aéreo y dependiente del Ministerio de Transportes- es el propietario del 51% del gestor aeroportuario AENA, tras la privatización parcial ejecutada hace más de una década por un Gobierno del Partido Popular. Una participación que tiene un precio actualmente de más de 19.300 millones de euros, y a los que se suman los generosos dividendos millonarios que recibe el Estado cada año del operador de la red de aeropuertos.

En paralelo, el 18% estatal en el capital de Caixabank está en manos de la sociedad BFA Tenedora de Acciones, antes parte del Frob y ahora directamente controlada por el Ministerio de Economía. Un paquete que es herencia del rescate bancario y de la fusión con la malhadada Bankia, y que tiene un valor que ronda los 14.900 millones de euros.

La SEPI sigue siendo el auténtico brazo empresarial del Gobierno, instrumento que centraliza la propiedad de las participaciones en el resto grupos cotizados con presencia estatal en sus accionariados. Es el instrumento que ha utilizado el Ejecutivo para regresar al capital de Telefónica (con un 10%) más de un cuarto de siglo después de su privatización total; para elevar su peso y tomar un paquete de control de facto (del 28%) en el grupo de defensa Indra; para entrar en el fabricante ferroviario Talgo (con un 7,8%) y viabilizar la operación casi de salvamento de Sidenor y el Gobierno vasco; y también es el paraguas sociedtario que garantiza la influencia gubernamental sobre los gestores de los sistema eléctrico y gasista, Redeia (con un 20%) y Enagás (con un 5%).

Y SEPI es igualmente el brazo inversor con el que se controla multitud de empresas total o mayoritariamente públicas (Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa o Enusa) y también tiene participaciones minoritarias junto a otros entes estatales en otras compañías (como en Enresa, la sociedad encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento futuro de las centrales nucleares.

Un escudo levantado por Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado en los últimos años la presencia estatal en grandes compañías y ha ido configurando un gran escudo para blindar sectores industriales que se consideran estratégicos para la economía española. Moncloa ha ejecutado una política de intervencionismo sin complejos -bajo la guía de la doctrina de la autonomía estratégica abierta que defiende la Unión Europea- que vale tanto para acorazar empresas clave frente a la entrada de inversores extranjeros no deseados como para impulsar con acción directa estatal grupos en sectores que se consideran cruciales para la economía y la seguridad nacionales.

El Ejecutivo ha ejecutada su estrategia de control tanto mediante la compra de participaciones accionariales directas (como en el caso de Telefónica, Indra o Talgo o la compra de Hispasat por parte de Indra), a utilizar el ‘escudo antiopas’ levantado en pandemia para vetar operaciones de compradores foráneos (como el freno a la entrada de la compañía húngara Magyar Vagon en el capital de Talgo), a alianzas con grupos privados nacionales para salvaguardar la españolidad de grandes grupos (con Criteria en Telefónica y Naturgy o, hasta hace poco,........

© El Periódico (ES)