Las recientes declaraciones de Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, plantean un problema que va mucho más allá de una simple diferencia de criterios jurídicos. En entrevista con El Espectador afirmó que la justicia penal militar “fue un mecanismo de encubrimiento” y sostuvo que permitirle revisar determinadas decisiones significaría retroceder décadas en materia de impunidad.

Y es que no estamos ante las palabras de una académica, una activista o una columnista, sino de una magistrada que participa directamente en procesos contra integrantes de la fuerza pública. Díaz ha demostrado que es una mujer llena de sesgos contra los militares. Cada vez que habla, esos sesgos se dejan entrever. Sus afirmaciones no se limitan a describir o cuestionar conductas individuales, sino que construyen una sospecha general sobre toda una institución. Pedirle objetividad parece, cada vez más, pedirle peras al olmo.

El problema no se circunscribe a negar que hayan existido casos de encubrimiento. Si existieron deben investigarse, individualizarse y sancionarse. El problema comienza, en cambio, cuando una juez transforma hechos determinados en una caracterización general de toda una jurisdicción, porque derecho debe........

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